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Estímulo para la economía grancanaria

Artículo de Opinión de Fernando del Castillo y Benítez de Lugo, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria.

Gran Canaria no puede desaprovechar una oportunidad como la que le brinda el nuevo Proyecto de Ley del Suelo. Después de 14  años de inactividad en el crecimiento turístico inmobiliario producido por una moratoria  injustamente perpetuada, los efectos de una profunda crisis de financiación en el sector inmobiliario y una maraña legislativa que afecta  a una triple, solapada e ineficiente  Administración, por fin, se atisba con esta Nueva  Ley un horizonte más halagüeño para nuestra Isla.

Este daño económico ha sido todavía más gravoso para Gran Canaria  por falta de una  visión estratégica y cohesión de una parte de la  clase política isleña que fortuitamente ha cedido  el poder a  políticos de otras Islas con iguales aspiraciones, perjudicando y sometiendo injustamente a la nuestra a una  progresiva pérdida de poder en las instituciones regionales durante los últimos años, a pesar de ser la que más contribuye. Los proyectos que se delatan por una ambición personal ya nacen débiles, y si a la vez pretenden escudarse en  ideologías, en sentimientos políticos ya disponibles, limitan su recorrido. La culpa no es de otros, ya ha venido defendiendo el CIT de Gran Canaria desde antaño, la necesidad de una mayor unión en defensa del progreso de nuestra querida Isla y precisamente la no dispersión de nuestra fuerza política. 

La coyuntura económica a pesar de los buenos resultados turísticos no es del todo deseable. En nuestro afán  de contribuir al desarrollo y bienestar de Gran Canaria necesitamos crear más puestos de trabajo dadas las todavía galopantes e inaceptables cifras de paro en nuestra Isla y sobre todo las limitaciones de nuestros ciudadanos desempleados, especialmente los de ese segmento, deseosos de aspirar a un trabajo digno. La Ley del Suelo en proyecto garantiza un crecimiento ordenado y sostenible ya que sigue dotando a cabildos y ayuntamientos de suficientes filtros y procedimientos de calificación y aprobación urbanística. La Ley  otorga  a las Corporaciones Locales más competencias para agilizar y resolver  todos los expedientes prioritarios de su incumbencia insular y municipal. Cada Isla  con sus Cabildos planificarán mejor su ordenación territorial. Además, el Gobierno Regional se sigue reservando la potestad de desbloquear o aprobar asuntos que transciendan el interés insular.
Debemos apoyar una ley como ésta  que simplifica y  deroga otras  que solo han contribuido a generar  confusión e inseguridad jurídica a la inversión y a nuestro ordenamiento territorial. Prueba de éste fracaso son los numerosos Planes Generales Municipales estancados  todavía sin aprobarse desde tiempo inmemorial. 

Esta Ley traerá riqueza y prosperidad a nuestras empresas y ciudadanos  con un claro beneficio del interés general.  Gran Canaria será la más beneficiada al ser la que más ha sufrido este estancamiento. Tenemos que garantizar un crecimiento económico en unas Islas que han presumido de su apertura poblacional al exterior, diversificar nuestra economía y el propio sector turístico con proyectos nuevos, innovadores y que asegurarán nuestra competitividad en tiempos más difíciles. Lo ideal sería que la aprobación de este Proyecto de Ley viniese acompañado de la eliminación definitiva de la moratoria turística. 

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