Hace unos días, la prensa de las islas recogía la consolidación de los datos del Padrón Municipal con un resultado esclarecedor: la población canaria es la única que aumenta de toda España. En los últimos 10 años, la población ha crecido en cerca de 400.000 personas en las islas. Dado que hemos optado por una política  aperturista en cuanto a población e inmigración -tal y como dictan los tratados europeos- lógico sería pensar que también debemos contar con unas instituciones y agentes económicos que sepan abordar con eficacia los desafíos que esta situación conlleva. 

A la gran suerte de ser un territorio de un  gran atractivo para la inmigración y el empleo foráneo, le debería corresponder una Administración basada en la eficiencia, con amplitud de miras, que fomente el crecimiento económico y que sea la que nos dote de unas reglas del juego lo suficientemente claras y seguras como para allanar el camino de todas las iniciativas de inversión que contribuyan a dinamizar nuestra economía. Sin embargo, nos encontramos con una Administración con altos índices de burocracia e intervencionismo, que frena el modo natural por el cual se deben desarrollar los negocios y regir las transacciones empresariales.

En aras de apostar por un legislativo más eficaz y adaptado a la coyuntura actual de austeridad, el Centro de Iniciativas y Turismo se une a la reflexión y propuesta de mejora sobre el modelo electoral y administrativo que nos hemos dado en las islas. Un modelo que, con el transcurrir de los años, ha ido quedando obsoleto y que requiere una pronta revisión. Proponemos una reforma electoral y administrativa desde el consenso, la transparencia y el debate público para conseguir un modelo más representativo en lo político, más eficaz en la gestión y más equitativo para cada una de las islas. 

Como parte de esta estrategia, resulta imprescindible la sinergia y armonía entre los sectores público y privado. Ambos conscientes de nuestras debilidades y fortalezas, y con planificación estratégica para alcanzar un futuro de progreso y bienestar para todos los ciudadanos canarios. A todo esto, sería deseable que el sector privado se plantease como objetivo prioritario lograr mayor cohesión y consenso en las empresas canarias de los distintos sectores. Que quede atrás el tiempo de la judicialización de los desacuerdos, que lo único que conlleva es el retraso del desarrollo económico, el deterioro de las relaciones empresariales y la pérdida de oportunidades. Es la hora de sellar la cohesión empresarial y convertir a las patronales en un agente de cambio, para liderar y consensuar con otras instituciones la nueva hoja de ruta. Una hoja de ruta cuyo objetivo primordial es reducir el ingente nivel de desempleo con el que contamos, mayoritariamente de canarios y jóvenes, los cuales son merecedores del mejor plan de formación y reinserción laboral, gestionado en estrecha colaboración entre los sectores público y privado. 

Es necesario terminar de una vez por todas con el solapamiento de competencias entre las administraciones, así como con el entrometimiento de unas islas en los intereses otras, que tan poco favorece a la convivencia. Debemos contar con un Gobierno de Canarias que ejecute las directrices de un Parlamento con mentalidad regional, encargado de velar por los intereses generales de nuestra comunidad autónoma en asuntos de esa índole como la sanidad, la educación, la cultura y los servicios sociales tan necesarios en estos tiempos de dificultades económicas. Con unos cabildos reforzados en sus competencias, conocedores de la realidad insular y dotados de auténtica capacidad de maniobra para gestionar eficazmente los asuntos que competen directamente a cada isla, con una administración única que evite en cualquier caso la duplicidad con los municipios. 

La eficiencia pasa por la racionalización del gasto y la optimización de la inversión pública -que desempeña un papel fundamental como impulsora de infraestructuras junto a la iniciativa privada-  por el equilibrio presupuestario, la reestructuración y reducción de las empresas públicas y por el apoyo incondicional de ambas iniciativas a sectores estratégicos como el turismo, los puertos y los aeropuertos. 

El turismo es el principal motor de la economía canaria y como tal debe ser considerado en cualquier ámbito de decisión. Es una industria en constante cambio, que requiere una capacidad de adaptación que solo se consigue con una Administración flexible, unas reglas del juego adaptables a la coyuntura, un sector empresarial con mayor cohesión y un capital humano de primer orden, con la debida formación y preparación. En este sentido, solo si remamos todos en la misma dirección, iremos forjando el camino para que Canarias pueda mantener en la próxima década su liderazgo como potencia turística innovadora.

Junto al turismo, la economía canaria encontraría en la diversificación un modo de evitar la excesiva dependencia hacia un solo sector, tal y como en otros tiempos ocurría con los monocultivos. La apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, la construcción -tanto en la rehabilitación turística como en la innovación de nuevos productos- el apoyo a la industria local, y hasta el resurgir de una agricultura encaminada a satisfacer la demanda turística contribuirían a una economía equilibrada basada en el crecimiento sostenible. 

En este escenario, apostamos igualmente por unos puertos eficientes, donde se hace necesaria una reforma estructural inmediata con el fin de mantener su competitividad y que resulten atractivos a la inversión exterior, una mayor cohesión empresarial y la agilidad administrativa necesaria para facilitar las inversiones que se realicen. 

El CIT muestra su total apoyo al Plan de Internacionalización de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como a la mejora de los accesos y servicios para convertir la misma en destino de primer nivel para el turismo de cruceros, como una parte fundamental de la acción modernizadora de la capital. 

Sin renunciar a nuestra realidad como región ultraperiférica y a las lógicas compensaciones derivadas de esta condición, debemos consensuar un acuerdo lo más favorable y transparente posible. Es tiempo de fomentar, desde las islas y para las islas, políticas de crecimiento sostenible que dinamicen nuestra economía y que nos permitan crear riqueza, empleo y, en definitiva, garantizar un mejor futuro para la sociedad canaria. Es tiempo de un nuevo rumbo.