El CIT ya se pronunció en su día sobre la ineficacia de la antigua Ley de la moratoria turística y sus efectos perniciosos, que propició artificialmente una construcción desmedida a corto plazo y que, agravado por la propia crisis, supuso la total paralización de dicho sector a largo plazo, todo ello en un entorno de inseguridad jurídica y desmotivación a la inversión. 

El menoscabo económico que produce el exceso de intervencionismo de la Administración unido a la falta de una correcta planificación turística se intenta paliar con la actual Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, en vigor desde mayo de 2013. 

Pese a su afán de permitir alguna actividad económica para mejorar la situación anterior, la nueva Ley no deja de ser un intento insuficiente que desvirtúa el desarrollo sostenible de la actividad turística, tanto en su crecimiento como en la rehabilitación, desordenando con sus condicionantes el modo natural que tienen estos desequilibrios de resolverse en la economía real. Uno de los aspectos que merecen especial atención es el agravio que supone para Gran Canaria no contar con la posibilidad de desarrollar hoteles de cuatro estrellas, siendo como es el producto turístico más demandado y con mayor presencia en otras islas. Igualmente, reivindicamos la revisión de la normativa para que se puedan desarrollar libremente nuevos apartamentos de 4 estrellas. 

¿Por qué no basar nuestro crecimiento de la actividad económica turística, tanto en la rehabilitación como en una expansión sostenible del 'mix' de los productos turísticos en los que somos competitivos? Apostemos por la diversificación de nuestra oferta alojativa. ¿Y por qué no fomentar también la diversificación de sectores estratégicos todavía por desarrollar, como la oferta complementaria en forma de parques temáticos, muelles e instalaciones para la práctica del deporte, actividades culturales y demás servicios? Todo esto no será posible sin el esfuerzo conjunto de los sectores privado y público para mejorar la oferta en términos de precio, calidad y servicio en cada categoría, que permita una mayor competitividad de nuestro producto y la mejora de los equipamientos públicos. Apostemos por la eficiencia en la gestión, por el uso de tecnologías limpias acordes con una mayor conciencia medioambiental. Creemos una oferta diversa y diferenciada. Por otra parte, habrá igualmente que aunar esfuerzos para la diversificación de nuestra demanda con una promoción pública y privada eficaz, en búsqueda de nuevos nichos de mercado (jóvenes, turismo de salud, turismo deportivo, ecológico, etc.) así como la orientación a nuevos mercados potenciales como Europa del Este o Norteamérica.  Se agota el tiempo para reaccionar y corregir ciertos errores de concepto. Apelamos a la cordura y el consenso necesarios entre las Administraciones regional y central para alcanzar un acuerdo que permita a los canarios dotarnos de una Ley más adaptada a las necesidades de nuestra economía real. Impidamos que la actual tendencia a implantar un exceso de normativa urbanística y territorial sobre la rehabilitación y el crecimiento armónico de nuestro sector turístico coarte el esfuerzo que ello supone. Esta sobreregulación no debe encarecer el ya de por sí excesivamente complicado y costoso proceso urbanizador y hasta el propio suelo, generando repercusiones negativas  en la propia competitividad del sector. 

Evitemos caer en la falacia de apostar exclusivamente por la rehabilitación, imponiendo en complejos de apartamentos turísticos -con estructuras de propiedad atomizadas- proyectos alternativos de hoteles de cuatro estrellas, que son rechazados con toda lógica por sus comunidades de propietarios. En su lugar, podría recomendarse el acertado y más compatible producto turístico de condominio, recogido en la propia Ley y olvidado en el reglamento, que ya cuenta con una estructura de división y propiedad horizontal,  compatible con la existente de apartamentos, y que a su vez exige una unidad de explotación y gestión turística profesional. Aplicando la lógica y el sentido común con el objetivo de preservar su destino turístico y una ordenación adecuada del sector, deberíamos incentivar que todos los apartamentos en situación irregular se convirtiesen en condominio, solucionando con ello la incompatibilidad del uso residencial con el turístico en un mismo edificio. Sin ninguna duda, debemos apostar por el condominio en la rehabilitación y por las cuatro estrellas en el crecimiento sostenible, como herramientas para la ordenación y diversificación de nuestro sector turístico en Gran Canaria. 

Echamos de menos igualmente en la Ley que los proyectos de gran relevancia, con todo el beneficio económico y generación de empleo que estos reportarían a corto plazo, no se puedan ejecutar con la suficiente celeridad que exige la actual coyuntura económica. Proponemos que sean los planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad la herramienta utilizada para un trámite más expeditivo de los mismos, sin tantos condicionantes como impone la actual normativa, la cual debería hacer extensible su aplicación a todo el ámbito turístico marcado por los planes territoriales del Cabildo, independientemente del tipo de calificación del suelo. Del mismo modo, proponemos que se simplifique el proceso de determinación y concepto de las propias villas turísticas.

Desde el CIT apelamos a la cordura y a la búsqueda de consenso. Habría que calibrar las consecuencias de la impugnación de la Ley de Renovación y Modernización Turística ante el Constitucional: si esta cuestión no se resuelve inteligentemente, podría hacernos retornar a un punto de partida de total incertidumbre jurídica, bien con la vuelta atrás a la  devastadora Ley de moratoria -con la consecuente paralización de la inversión- o bien a un entorno carente de una planificación turística ordenada.