El Tribunal Constitucional debe decidir en cinco meses si Canarias puede seguir adelante
El Gobierno de Canarias decidió suspender esta semana pasada todos los procedimientos relacionados con la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas convocada para el 23 de noviembre y esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la misma, según informa La Provincia. La paralización de la convocatoria se anunció pocas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara la presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad contra los dos decretos del Gobierno de Canarias que amparan el plebiscito. La razón, defendida por la vicepresidenta al término de la reunión, es que la consulta se hace en unos términos inasumibles para el Ejecutivo estatal tanto en las formas como en su contenido.
Desde el mundo de vista a los servicios jurídicos de la administración estatal la pregunta - "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?"- encubre un referéndum y hace referencia a materias que no son de competencia autonómica. Sólo el Estado tiene potestad decisoria sobre la búsqueda de hidrocarburos.
La Abogacía del Estado presentará sendos recursos -contra el decreto que desarrolla el reglamento de consultas populares y el de la convocatoria del 23-N- con toda probabilidad el lunes próximo. Con la admisión a trámite la consulta queda en suspenso de forma automática y el TC se da
