Mal planteamiento el del Gobierno de Canarias si está pensando ya en aprobar otra ley para bloquear las indemnizaciones de la segunda moratoria. Da la sensación que se pretende obviar las decisiones judiciales enredando con nuevas leyes para cubrir errores del calado de la moratoria que todos coincidimos en que no se sostiene su permanencia desde hace mucho tiempo.

Debería el Gobierno recibir este buen mensaje como también el magnífico  editorial de la Provincia del pasado 6 de Diciembre. Lo que hace falta es coger el toro por los cuernos y dejarse de medias tintas. Lo tiene muy fácil. Desaparecer la moratoria para todas aquellas parcelas urbanizadas con ordenanzas turísticas ubicadas en aquellos planes parciales que han cumplido o que vayan cumpliendo con sus deberes urbanísticos municipales. Camas turísticas aprobadas en suelos turísticos ordenados cuyos derechos de desarrollo han sido usurpados por la misma Administración que los concedió hace ya 14 años. 

Por favor Presidente, haga la lista, que se la facilitan los municipios turísticos y no creo que sea tan difícil negociar con los damnificados,  quienes lo que realmente quieren, es reactivar sus proyectos y no recibir indemnizaciones del Gobierno por convertir sus parcelas consolidadas en suelo rústico. No nos asustemos, que esta medida no va a originar ninguna burbuja de construcción. Tal como está la coyuntura actual de financiación,  sacar adelante cualquier proyecto es sumamente complicado y requiere un gran esfuerzo de riesgo emprendedor. Riesgo que por cierto también deben valorar con máxima cautela los bancos, fondos de inversión, touroperadores, proveedores, contratistas etc. y como no, los propios accionistas o comunidades de inversión. Apostemos de una vez por el crecimiento y el fomento de la actividad económica que sin duda contribuirán con la construcción y el turismo a paliar las altas cifras de paro con las que sin necesidad y por una mala planificación intervencionista de nuestro Gobierno, tenemos que tragarnos con el malestar social y el esfuerzo económico de prestaciones que ello supone.